Página 12, Jueves 17 de marzo de 2011
Para eliminar diferencias
En la Argentina hay un millón doscientas mil mujeres que trabajan en casas de familia. La actividad está normada por un régimen especial que viene del ’56, y que excluyó a las empleadas domésticas de los derechos de la legislación que protege al resto de los trabajadores. El proyecto que ayer recibió media sanción de Diputados equipara los derechos de quienes trabajan en casas de familia con los que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Limita la jornada laboral a ocho horas, reconoce la licencia por maternidad, otorga vacaciones pagas y permite que quienes trabajan por hora puedan tener aportes jubilatorios. A continuación, el detalle:
- La licencia por maternidad hasta ahora no era reconocida, lo máximo que podían pedir era un mes en concepto de “enfermedad”. La licencia por maternidad, que una vez sancionada la ley será de tres meses, no significará un gasto extra para el empleador porque los sueldos correspondientes a la licencia serán pagados por la Anses, como ocurre con todos los empleos en relación de dependencia.
- La jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día con un máximo de 48 horas semanales. La ley vieja permite hasta 12 horas de trabajo por día para el personal sin retiro y no pone límites horarios al personal con retiro.
- El empleador podrá establecer una distribución desigual de las 48 horas de trabajo semanales, pero sin que ninguna jornada exceda las 9 horas.
- Queda prohibido contratar a menores de 16 años. Cuando la empleada tenga entre 16 y 18 años no podrá trabajar más de 6 horas diarias o 36 semanales y el trabajo deberá ser diurno y con retiro.
- Se establece un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado al mediodía.
- La cantidad de días de vacaciones se va a equiparar a lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, con 14 días por año que van aumentando según la antigüedad.
- También tendrán la misma cantidad de días de licencia por enfermedad. Y se les reconocerá días por exámenes en la escuela primaria, secundaria y la universidad.
- El empleador deberá contratar un seguro de riesgos de trabajo.
- La indemnización por despido se duplicará (hoy es de medio mes de sueldo por cada año de antigüedad).
- La ley se aplicará en todos los casos (hasta ahora cubre sólo a quienes trabajan más de 4 horas por día, 4 veces por semana). Incluirá a niñeras y a quienes cuiden adultos o discapacitados, sin conocimientos profesionales.
Un tema sensible es que la mayoría de las empleadoras no son empresas, sino mujeres que trabajan y que contratan a una persona para que cuide a sus chicos, es decir que tendrán que hacer frente a mayores gastos sin contar con altos ingresos. El diputado Héctor Recalde señaló que la situación está contemplada en el artículo 38 del proyecto de ley, que le dio un mandato a la AFIP para que los aportes de las empleadoras estén en relación con el ingreso familiar. “Es importante, porque podría ser que la mujer de Hugo Biolcati (el presidente de la Sociedad Rural) contratara a una empleada. Sería un error considerarla como una empleadora sin ingresos. Lo que hay que tener en cuenta son los ingresos familiares, y en el caso de que ese grupo tenga menores ingresos, la AFIP dispondrá aplicarles menos importes en la carga de las contribuciones sociales.”
El proyecto de ley fue enviado por la presidenta Cristina Kirchner a Diputados en marzo de 2010. Durante todo el año pasado recibió aportes de los sindicatos del sector, que le hicieron algunas modificaciones.
El monto del salario es fijado hasta ahora por el Ministerio de Trabajo. En el futuro deberá crearse una cámara de empleadores para que discuta sueldos y demás condiciones laborales con los sindicatos. En el Uruguay, los gremios encontraron una solución al tema convocando a las asociaciones de amas de casa, con las que tienen negociaciones paritarias anuales.
Un tema muy difícil vinculado con el cumplimiento de la ley es el altísimo porcentaje de trabajo en negro que existe en el sector. Pese a las campañas del Gobierno y las facilidades para el blanqueo, los sindicatos aseguran que sólo el 15 por ciento de las trabajadoras está en blanco. El trámite es simple, no hay que pagar contadores porque los formularios se bajan de Internet, se imprimen, se completan con los datos del empleado y el empleador y se pueden pagar en cualquier Rapipago. En el caso de pagar Ganancias, los aportes realizados se pueden descontar a fin de año. El blanqueo permite que las trabajadoras reciban el día de mañana su jubilación.
Con los mismos derechos que otros trabajadores
No hubo casi fundamentos para defender el proyecto. Como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado Héctor Recalde optó por aceptar la incorporación de algunas observaciones que hicieron desde distintos bloques a la iniciativa que el Ejecutivo envió al Parlamento el año pasado y que se enriqueció durante el debate en las comisiones legislativas. Ya no había dudas sobre el consenso alcanzado ni lugar para más palabras: la Cámara de Diputados dio por unanimidad media sanción al nuevo régimen laboral para empleados de casas particulares, cuya aprobación la Presidenta le reclamó al Congreso en la inauguración del período parlamentario. Desde las bandejas explotaron los aplausos de decenas de mujeres identificadas con pecheras de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Las empleadas domésticas festejaban el reemplazo del régimen laboral impuesto durante la Revolución Libertadora y la equiparación de derechos laborales que alcanzaría a un millón de trabajadores.
“Esta ley nos permite salir de un régimen semifeudal implementado por la dictadura de 1956 y entrar en un sistema de igualdad e inclusión social”, concluyó Recalde tras la votación. “Esta es la trascendencia del proyecto de Cristina”, agregó el también abogado cegetista fuera del recinto. Aunque todavía la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley, nadie apuesta a que la Cámara alta cuestione el consenso alcanzado en Diputados ni que el proyecto sea desplazado de las prioridades de la agenda de los senadores.
De convertirse en ley, las empleadas domésticas pasarán a estar comprendidas dentro de la ley de trabajo que rige para el resto de los trabajadores en el país y su salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado mediante Convenio Colectivo de Trabajo. El artículo 14 del proyecto establece que una vez que la ley entre en vigencia, el Ministerio de Trabajo tendrá 90 días “para constituir la comisión negociadora del convenio colectivo del sector”.
También la equiparación de derechos con el resto de trabajadores en actividad. La jornada de trabajo de las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares no podrá exceder las ocho horas diarias y 48 horas semanales. Además, accederán a la licencia por maternidad de 90 días, además de licencias por enfermedad, cuidado de familiar enfermo y por estudio. La iniciativa también modifica el pago de indemnización por despido y el pago de aguinaldo (ver aparte).
Aún existen dudas sobre la cantidad de trabajadores que se beneficiarán con la nueva ley. Las cifras van de 800 mil hasta 1,2 y 1,4 millón, aunque en realidad dependerá del blanqueo que produzca la nueva normativa. De todas maneras ya fuera del Palacio Legislativo una improvisada banda de vientos acompañaba el festejo de las militantes de UPAC.
Otros proyectos
Fue una sesión atípica para los niveles de confrontación que se manifestaron el año pasado en la Cámara baja. Aunque el temario había sido cuidadosamente elaborado con proyectos sin mayores disidencias ni observaciones, también era un desafío para los propios legisladores.
Por unanimidad los diputados también dieron media sanción a un proyecto que establece condiciones de igualdad de acceso a la educación pública para las personas privadas de libertad. La kirchnerista Adriana Puiggrós y el radical Ricardo Gil Lavedra compartieron los fundamentos a favor de la iniciativa, que fue promovida por los internos de la Unidad 2 de la cárcel de Villa Devoto y por la ex fiscal y actual secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. Fue respaldada por todo el arco político.
Lo mismo sucedió con la sesión del Estado nacional a la provincia de Buenos Aires de las propiedades ubicadas en la estación ferroviaria de Mar del Plata, cuyo servicio desde Constitución explota actualmente la provincia. Así como la ley que promueve la investigación y producción estatal de medicamentos, a la que se oponen las cámaras empresarias del sector que ya hicieron sentir su lobby.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) enviaron una carta conjunta a diputados y senadores donde se oponen al proyecto con el argumento que el Estado debe cumplir un rol orientador mientras que la producción debe ser privada.
Tampoco faltaron críticas a algunos de los proyectos tratados. El acuerdo comercial entre el Mercosur e Israel fue cuestionado por los legisladores de Proyecto Sur por su carácter “de libre comercio” que favorecería a las industrias estadounidenses radicadas en territorio israelí. El convenio, que ya fue ratificado por el resto de los países del mercado común, también tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Algo parecido sucedió con la autorización anual para la salida de tropas argentinas al exterior y de entrada de tropas extranjeras a nuestro territorio para participar de operativos militares conjuntos, que también fue aprobada. Resta saber si el clima de la sesión de ayer en Diputados podrá repetirse en un año cruzado por la disputa presidencial de octubre.
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